Nota elaborada por el área de Derecho Administrativo y Sectores Regulados. Para más información contactar con: Pablo Silván, Jose Ignacio Vega o Federico Lara.
A la vista de los retrasos acumulados en el pago de las obligaciones contraídas por las entidades locales con sus proveedores, que ha incidido negativamente en la liquidez de las empresas, se ha dictado el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE 25-2-2012).
Dicho Real Decreto-ley tiene por objeto habilitar las condiciones necesarias para permitir la cancelación por las entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, correspondiendo a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptar con carácter de urgencia los acuerdos pertinentes para la puesta en funcionamiento de los mecanismos financieros necesarios a tal fin.
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