La importancia que para la economía y la vida en comunidad tienen las infraestructuras públicas y los servicios que sobre las mismas se prestan está fuera de toda duda. El diseño, la construcción, la conservación, el mantenimiento y la explotación de infraestructuras de todo orden por los particulares es objeto de una prolija regulación pública, exigiendo su ejecución la realización de cuantiosas inversiones. Atendida la complejidad y la duración de las relaciones jurídicas que es necesario entablar para hacer posible la construcción y explotación de dichas infraestructuras resulta fundamental velar por su correcta configuración inicial y ulterior ejecución.

El equipo de infraestructuras de Ramón y Cajal, integrado por abogados especializados en Derecho Público, Financiación de Proyectos, M&A y Fiscal ofrece tanto a promotores, financiadores e inversores, nacionales o internacionales, como a las administraciones públicas un asesoramiento integral e innovador en materia de construcción y explotación de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, de desalinización, depuración y distribución de agua o saneamiento de aguas residuales o de gestión de residuos (entre otras posibles) y un alto valor añadido en operaciones complejas como las de colaboración público-privada (CPP).

El asesoramiento que ofrecemos incluye todas las fases del proyecto, desde la licitación y financiación hasta su terminación o transmisión, pasando por su construcción y explotación.

Entre nuestros servicios en esta área se incluyen los siguientes: 

• Elaboración (para las administraciones) y análisis (para los licitadores) de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y demás documentos contractuales.

• Impugnación de los actos relativos a la preparación y adjudicación de los contratos.

• Asesoramiento a accionistas (sponsors) y a financiadores en materia de financiación sin recurso o con recurso limitado en materia de revisión legal (due diligence) del activo, diseño de la estructura de financiación más adecuada, negociación y redacción de contratos, y análisis de la fiscalidad de la estructura de financiación.

• Negociación de posibles modificaciones que el órgano de contratación pretenda introducir en los contratos celebrados y, en su caso, reclamación de eventuales sobrecostes o penalizaciones.

• Transmisión de contratos: informes de revisión legal (due diligence), redacción y negociación de contratos de compraventa y asesoramiento sobre permisos y autorizaciones exigibles.

• Asesoramiento en relación con decisiones de la administración contratante (modificaciones contractuales, revisiones tarifarias, imposición de penalidades, liquidación del contrato y reversión de activos, etc.) e impugnación de las mismas.

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