Por María Luisa González Tapia

Francia acaba de aprobar una ley relativa a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 [1] que permite, además de la controvertida apertura de comercios en domingo, la utilización de cámaras de videovigilancia inteligentes, drones y escáneres corporales a la entrada de los estadios.

Durante la tramitación de la norma, se ha abierto un debate, ampliamente difundido por los medios de comunicación franceses, entre los que consideran que estas medidas tienen un carácter intrusivo que no se justifica por su efectividad real y aquellos que defienden la adopción de cualquier tecnología que permita evitar incidentes como los que se produjeron en París durante la final de la Champions Ligue en mayo de 2022 [2] o, más cercano en el tiempo, en la celebración de Halloween en Seúl en octubre pasado [3].

Debemos recordar que en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 se realizó un despliegue tecnológico similar: se utilizaron cámaras de seguridad inteligentes en la villa olímpica y en los estadios para realizar controles de acceso, supervisión de uso de mascarilla y conteo de aforo. Quizás resultó menos llamativo para la opinión pública porque todavía se mantenían algunas restricciones para evitar contagios de coronavirus. De hecho, en Francia, hace no mucho, se aceptó con normalidad que a través de cámaras inteligentes se pudiera verificar el cumplimiento de las normas sobre utilización de mascarilla en transporte público [4]. Sin embargo, no ha ocurrido así en este caso (por ejemplo, puede consultarse este artículo [5] y éste otro [6]).

Otro aspecto relevante de la norma aprobada desde el punto de vista de la privacidad son los análisis genéticos de los atletas para prevenir dopajes, que no han recibido tanta atención ni generado polémica alguna. La nueva norma adapta el Código Civil Francés a lo establecido en el Código Internacional del Deporte, que habilita este tipo de pruebas.

Como todos sabemos, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se celebrarán en París y otras ciudades francesas entre el 24 de julio y el 8 de septiembre de 2024. En 2018, se adoptó una primera ley relativa a la organización de los Juegos (la Ley de 26 marzo de 201, relativa a la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 [7]). Dicha ley necesitaba ser completada con las medidas adicionales que son las que recoge la norma que superó la tramitación en el Senado francés el pasado martes 12 de abril. Llama la atención que solamente tuviera 27 votos en contra, a pesar de toda la polémica generada a su alrededor.

La autoridad francesa de protección de datos, la CNIL, que, además, había publicado poco antes un documento sobre uso de cámaras inteligentes [8], se pronunció sobre este proyecto de ley en un informe de 8 de diciembre de 2022 [9].

La CNIL, en resumen, indicaba lo siguiente:

1º. La utilización de sistemas inteligencias de videovigilancia supone un tratamiento masivo de datos personales.  

2º. Las garantías establecidas en el entonces proyecto de ley, se encontraban en línea con la recomendación publicada previamente por la CNIL.

3º. En su opinión, se limitaban los mayores riesgos para la protección de datos y la intimidad de las personas con estas garantías:

• Se realiza un despliegue experimental.
• El proyecto está limitado en el tiempo y en el espacio.
• Los fines son determinados y específicos y se encuentran justificados en riesgos graves para la seguridad de las personas (no de bienes o edificios, de lo que entendemos que quizás no sería proporcional utilizar sistemas similares para otros fines).
• No se tratan datos biométricos.
• No existe ningún cruce con otras bases de datos o archivos.
• No existen decisiones automatizadas: los algoritmos no sirven más que para señalar situaciones potencialmente problemáticas a las personas que efectúan un análisis posterior.

Por tanto, el legislador francés tuvo en consideración la mayor parte de las recomendaciones efectuadas por la autoridad de control en su guía sobre cámaras inteligentes. Esto no impidió la protesta de distintos sectores, entre ellos, la organización La Quadrature du Net, alertaran del carácter intrusivo de la ley y acusaran al lobby de las empresas de seguridad de influir en su aprobación [10].

En España, se ha generado un debate público similar en relación con la consulta efectuada a la Agencia Española de Protección de Datos por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), sobre la posibilidad de emitir un acuerdo, dentro de sus competencias, que permitiera la instalación de sistemas biométricos para el control de acceso a las gradas de los estadios. En el informe jurídico [11] de respuesta, nuestra autoridad de control se manifestó contraria a dicha medida, y, en particular, señaló que para basar el tratamiento derivado de la misma en un interés público esencial sería necesario que dicha medida estuviera prevista en una norma con rango de ley de forma expresa. 

Las posibilidades que ofrecen los sistemas biométricos y los sistemas de inteligencia artificial que, sin tratar datos biométricos, permiten detectar incidentes de seguridad en eventos masivos son muchas. Sería irresponsable no hacer uso de estas opciones para evitar que se produzcan incidentes graves (entendiendo por tales muertes y lesiones a personas) en eventos masivos. No obstante, parece evidente que necesitamos una regulación específica e indicaciones claras de las autoridades de control que fijen límites que permitan conciliar la seguridad que todos queremos con las libertades individuales.